LA CRISIS NOS TRAE NUEVAS OPORTUNIDADES

Medidas que cortan las alas al emprendimiento

Las situaciones de crisis nos condicionan a la hora de tomar decisiones racionales, lo cual provoca que olvidemos principios lógicos y contribuyamos paradójicamente a intensificar el efecto negativo que tratábamos de evitar. Me temo que algunas de las últimas medidas adoptadas por organismos públicos encargados de fomentar el ecosistema emprendedor en España pueden generar ese efecto boomerang.

Hemos disfrutado de una década de auge del emprendimiento, donde conjuntamente el sector privado y el público trabajaban para hacerlo despegar. En este proceso, la Administración ha incentivado a través del sistema educativo la formación de recursos técnicos, sobre todo programadores, y la creación de espacios útiles y accesibles para la instalación de nuevas empresas. Por su parte, el sector privado ha contribuido con capital para el desarrollo y crecimiento de start up, tejido una red de mentores experimentados o aportado formación avanzada en nichos específicos.

En la medida en que algunos de estos emprendedores han comenzado a tener éxito, ellos mismos se han convertido en inversores. Esto, sumado a la reinversión que realizan los inversores que han tenido más éxito, generan un círculo positivo que se retroalimenta y crece hasta hacer innecesaria la aportación del estado.

Hasta aquí todo bien, el círculo positivo estaba empezando a cobrar volumen y velocidad. Pero en este tipo de ecosistemas, sobre todo en la fase incipiente, la financiación que aporta el sector público es vital para generar la masa crítica suficiente para que luego el círculo virtuoso del crecimiento pueda sostenerse por sí solo, como lo hacen otros ecosistemas ya famosos como el conocido Silicon Valley. Dicho de otro modo, el Estado aporta el combustible necesario para que el avión despegue. Pero, ¿qué sucede si le quitamos potencia cuando apenas ha levantado las ruedas de la pista? Sí, es el peor momento.

Durante estos años, a pesar de las mejoras pendientes, el sistema de financiación pública de start up e I+D se había ido autocorrigiendo hasta configurar un modelo fluido y eficaz. Y una de las medidas más acertadas y beneficiosas para ello había sido desde 2010 la eliminación de la solicitud de garantías a las pequeñas empresas, tanto para los Préstamos a la Investigación y Desarrollo (PIDs) del Centro para el Desarrollo de la Tecnología Industrial (CDTI) como para el Programa Plan Avanza del Ministerio de Industria. En la práctica esto supuso que miles de pequeñas empresas, creadas para el desarrollo y explotación de nuevas tecnologías punteras, pudieran acceder a préstamos blandos de capital público sin necesidad de presentar avales bancarios, algo absolutamente imposible de conseguir para una startup con poco historial.

Un buen impulso, aunque desgraciadamente el proceso comenzara sin prever las contramedidas necesarias para evitar abusos, lo cual ha supuesto (o en realidad va a suponer dentro de muy poco) que varias de esas empresas no retornen los préstamos recibidos. Pero este problema podía resolverse de manera muy sencilla. Entretanto, el modelo funcionaba, y año tras año comenzaron a lanzarse en España miles de pequeñas empresas tecnológicas españolas que compiten de igual a igual con startup tecnológicas de todo el mundo.

Pero llegó la crisis, y con el imperativo de reducir el déficit, tanto el Ministerio de Industria como el CDTI, dependiente del Ministerio de Economía, se vieron abocados a revisar la exención de garantías. Aunque el enfoque no podía ser más divergente. Mientras que Industria ha escuchado las sugerencias del colectivo de afectados, estudiado alternativas y tomando medidas racionales para realizar una transición ordenada, el Ministerio de Economía ha optado por la vía expeditiva: eliminar por completo todas las exenciones de garantías de los créditos destinados a las pymes desde el CDTI.

Pero no solo esto, también redujo el importe prestable e impuso un liquidation preference absurdo en la iniciativa Neotec I, especialmente diseñada para la creación de startup tecnológicas, y eliminó de un plumazo la iniciativa Neotec II, para la consolidación de las que habían recibido el Neotec I. Esto supone en la práctica cortar de lleno la inyección de combustible a las startup tecnológicas españolas en un momento clave donde es todavía muy difícil conseguir capital privado y a sabiendas de que son incapaces de conseguir avales en bancos y/o sociedades de garantías recíprocas para acceder a los PID.

Pero el efecto ha sido más perverso, pues además de hacer oídos sordos a las alternativas propuestas para evitar penalizar a todo un colectivo por los errores de definición y un control erróneo anteriores, se ha obviado un principio básico: el capital riesgo privado necesita de la financiación pública para invertir en proyectos tecnológicos, e incluso, en más de una ocasión, es un requisito exigido a los emprendedores haber accedido al equivalente en capital público. Esto supone en la práctica dejar morir a las startup de base científica y tecnológica por inanición (y sobretodo inacción).

Nos encontramos al final de la pista, y las sensaciones en cabina no son nada positivas. De pronto empresas que generaban empleo de altísima calidad, marcaban la senda de un desarrollo macroeconómico muy positivo para España a largo plazo, o nos situaban en un contexto internacional en expansión, dejan de tener fuerza.

¿Existía otra alternativa? Somos muchos los que creemos que sí. No se trata de repetir algunos de los errores del pasado, sino de aplicar algunos modelos económicos financieros que son conocidos por los expertos en ecosistemas emprendedores, con normas que generen crecimiento de forma sostenible tanto para la Administración como para el sector privado, donde se puede omitir la solicitud de garantías a cambio de cinco exigencias: Cobrar siempre un interés, de entre un 6% y un 8%; reducir los plazos de otorgamiento a cinco años con dos de carencia; limitar los créditos a cifras máximas de 500.000 euros; eliminar los tramos subvencionados que no deben ser retornados por los emprendedores, y exigir que el préstamo concedido no supere en más de cuatro veces los fondos propios de la sociedad.

Es un momento crítico para nuestro país, y aún quedan muchas decisiones por tomar. Pero lo que no debemos olvidar es que de nada habrán servido todos los esfuerzos del pasado ni las inversiones realizadas con el dinero de todos, si carecemos de la constancia para continuar sosteniendo el ecosistema cuando aún no está suficientemente maduro para andar por sí solo. Al final, lo único que conseguiremos es frustrar a los emprendedores y forzarlos a emigrar a ecosistemas más maduros, como ya está comenzando a suceder.